La digitalización tecnológica se inventó para quedarse y, como la mayoría de responsabilidades, conlleva una serie de pautas para hacer un buen uso, según necesidades de los usuarios/as, evitando algunas malas praxis que pueden conllevar consecuencias contraproducentes para la salud.
La falta de una normativa digital, especialmente de uso particular, está provocando cada vez más casos de frustración, especialmente entre los más jóvenes, puesto que los dispositivos móviles cada vez son más avanzados con usos potencialmente profesionales para la marca personal. Provoca frustración ante la ambición de aspirar a puestos de trabajo sin la necesidad de formación como influencers, streamers, emprendedores de startups, desarrolladores, etc. entre otras nuevas profesiones que se ensalzan en las nuevas tecnologías.
Sin ánimo de entrar en moralidades de cuestión personal, si bien es cierto a medida que ha avanzado el progreso de la sociedad, hay poca conciencia y/o mala gestión de los límites emocionales para definir prioridades. Lo cual conlleva a una falta de autoridad permitiendo acceso a la red de información mundial, sobre todo a edades tempranas que carecen más de formación educativa, y restando importancia a los dispositivos tecnológicos interconectados por la red de datos de Internet, como si fueran juguetes.
La reflexión es de tal magnitud que, desde inicio del mismo siglo XXI existe la percepción general de infravalorar el evidente auge de las nuevas tecnologías, por desconocimiento, pereza, desconfianza, etc. Lo que ha provocado el efecto contrario al progreso evidente que nos facilita la digitalización y el hecho contraproducente de la respectiva productividad. Hasta tal punto que provoca controversias varias para discernir entre un delito penal o una ironía espontanea, por el hecho de “romper el hielo” a través de las redes sociales.
Con las consecuencias pertinentes que conlleva sufrir fraudes y abuso de manera encubierta virtualmente, se está viendo reflejado el aumento de trastornos mentales en la actualidad a causa de la sobre exposición mal gestionada en redes sociales. De la misma manera que se puede producir en la vida real, pero más deliberado virtualmente por restarle importancia a unos hábitos que es evidente que no se gestionan tan bien como se quiere hacer creer, debido a la no conveniencia inicial de la digitalización. Lo cual, se traduce en la impunidad del delito que se ve rebajada como si fuera un malentendido sin importancia. Y nada más alejado de la realidad, pues cualquier discrepancia que atente contra los derechos de cualquier individuo, es una aberración de intereses personales del provocador de la situación y no vale justificación alguna.
La solución, como siempre, es la (re)educación y/o formación pertinentes, para aprender a gestionar las prioridades. Sin menospreciar ni sobrevalorar el conocimiento que ya tengamos, para admitir humildemente la necesidad de actualizar conocimientos o sin temor a buscar ayuda si fuera necesario.